LA DISCRIMINACION RACIAL..
LA LEY 975 DE 2001 ESTABLECIÓ EL “Día Nacional de la Afrocolombianidad”, que se celebra cada 21 de mayo, para recordar la abolición de la esclavitud en esa fecha en 1851. Esa conmemoración indicaría que Colombia es una democracia racial, respetuosa de la diferencia, poco discriminatoria y que valora positivamente la contribución de los afrocolombianos a nuestra nacionalidad.
La realidad es, sin embargo, muy distinta, como lo muestra la reciente publicación de las observaciones preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el tema, basadas en la visita que realizó a Colombia en 2007 Clare Roberts, el relator especial contra la discriminación racial.
Este documento muestra que, a pesar de que Colombia cuenta con un marco constitucional apropiado para lograr la igualdad racial, lo cierto es que persisten formas estructurales agudas de invisiblización y de discriminación de la población afro.
Las observaciones de la CIDH coinciden, en lo esencial, con las conclusiones del primer informe elaborado por el Observatorio de Discriminación Racial, conformado por el programa de Justicia Global de la Universidad de los Andes, el Proceso de Comunidades Negras (PCN) y DeJusticia.
Ambos documentos muestran que la presencia de los afros ha tendido a ser invisibilizada, incluso estadísticamente. Por ejemplo, contra toda evidencia, y por errores técnicos, el censo de 1993 concluyó que sólo el 1,5% de la población colombiana era afrodescendiente. El censo de 2005 mejoró la forma de indagar sobre el tema; la participación afro creció al 11% pero, según varios expertos, esta cifra sigue minimizando su magnitud.
De otro lado, la población afro sufre discriminación en el goce de casi todos sus derechos sociales. Por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil de las comunidades afro es aproximadamente el doble de aquella de los colombianos en general. La incidencia del hambre en los afro es prácticamente el doble de aquella de los mestizos. El acceso a los servicios de salud o a la vivienda de los afro es más precario que aquel del resto de los colombianos.
Uno de los resultados más dramáticos de esta discriminación es que la esperanza de vida de las mujeres afro es menor en 11 años que la del total de la población.
En los últimos años, además, el desplazamiento forzado ha afectado desproporcionadamente a los afro, que representan casi la cuarta parte de la población desplazada. Esto se explica porque sus territorios ancestrales no sólo son espacios estratégicos en la guerra, sino que son ambicionados para la realización de proyectos energéticos, como bien lo resalta el reciente Auto 05 de 2009 de la Corte Constitucional, que da órdenes al Gobierno para amparar los derechos de esta población.
Colombia está muy lejos entonces de ser esa democracia racial que a veces nos pintan. El cumplimiento o no del mencionado Auto 05 de la Corte por el Gobierno será una buena prueba para saber si, más allá de los rituales del Día de la Afrocolombianidad, las autoridades realmente están comprometidas en desarrollar estrategias adecuadas para superar la discriminación racial.
Adenda: el orden del día para la Plenaria de hoy es una muestra de la gran sensibilidad de la Cámara de Representantes hacia las víctimas de la violencia en Colombia. El debate del proyecto relativo a sus derechos quedó en el puesto veintinueve. No tengo nada contra la celebración de los 200 años de municipios como Tello o Campoalegre o de los 50 años de la Universidad Santiago de Cali. Pero, ¿no ameritan las víctimas de Colombia una atención más prioritaria de nuestros legisladores?.
Este documento muestra que, a pesar de que Colombia cuenta con un marco constitucional apropiado para lograr la igualdad racial, lo cierto es que persisten formas estructurales agudas de invisiblización y de discriminación de la población afro.
Las observaciones de la CIDH coinciden, en lo esencial, con las conclusiones del primer informe elaborado por el Observatorio de Discriminación Racial, conformado por el programa de Justicia Global de la Universidad de los Andes, el Proceso de Comunidades Negras (PCN) y DeJusticia.
Ambos documentos muestran que la presencia de los afros ha tendido a ser invisibilizada, incluso estadísticamente. Por ejemplo, contra toda evidencia, y por errores técnicos, el censo de 1993 concluyó que sólo el 1,5% de la población colombiana era afrodescendiente. El censo de 2005 mejoró la forma de indagar sobre el tema; la participación afro creció al 11% pero, según varios expertos, esta cifra sigue minimizando su magnitud.
De otro lado, la población afro sufre discriminación en el goce de casi todos sus derechos sociales. Por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil de las comunidades afro es aproximadamente el doble de aquella de los colombianos en general. La incidencia del hambre en los afro es prácticamente el doble de aquella de los mestizos. El acceso a los servicios de salud o a la vivienda de los afro es más precario que aquel del resto de los colombianos.
Uno de los resultados más dramáticos de esta discriminación es que la esperanza de vida de las mujeres afro es menor en 11 años que la del total de la población.
En los últimos años, además, el desplazamiento forzado ha afectado desproporcionadamente a los afro, que representan casi la cuarta parte de la población desplazada. Esto se explica porque sus territorios ancestrales no sólo son espacios estratégicos en la guerra, sino que son ambicionados para la realización de proyectos energéticos, como bien lo resalta el reciente Auto 05 de 2009 de la Corte Constitucional, que da órdenes al Gobierno para amparar los derechos de esta población.
Colombia está muy lejos entonces de ser esa democracia racial que a veces nos pintan. El cumplimiento o no del mencionado Auto 05 de la Corte por el Gobierno será una buena prueba para saber si, más allá de los rituales del Día de la Afrocolombianidad, las autoridades realmente están comprometidas en desarrollar estrategias adecuadas para superar la discriminación racial.
Adenda: el orden del día para la Plenaria de hoy es una muestra de la gran sensibilidad de la Cámara de Representantes hacia las víctimas de la violencia en Colombia. El debate del proyecto relativo a sus derechos quedó en el puesto veintinueve. No tengo nada contra la celebración de los 200 años de municipios como Tello o Campoalegre o de los 50 años de la Universidad Santiago de Cali. Pero, ¿no ameritan las víctimas de Colombia una atención más prioritaria de nuestros legisladores?.
